Durante la crisis política y social, varias iniciativas legislativas que debilitan la política ambiental en el país, fueron parte de la agenda legislativa. Por ejemplo, la Ley que la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial, Ley de Pesca o la Ley Forestal y Fauna Silvestre.
En tanto se agudiza la situación política, nuestra biodiversidad atraviesa grandes peligros a causa de los delitos ambientales como la tala ilegal, minería ilegal, deforestación, cultivos dañinos, criminalización de los defensores ambientales, derrames de petróleo, uso indiscriminado de nuestros recursos, etc.
Amenazas en los bosques amazónicos: Deforestación
La amazonía peruana ha perdido, durante los últimos 30 años, más de 3 millones de hectáreas de bosques. Si bien en el 2021 el porcentaje fue menor (137 976 ha), las estadísticas posicionan al Perú como uno de los países en América latina con mayor deforestación en la región latinoamericana.
A pesar de la situación, un grupo de parlamentarios del partido Alianza Para el Progreso, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que limita las competencias del Ministerio del Ambiente(MINAM).
REGIONES EN EL PERÚ CON MAYOR DEFORESTACIÓN
La llamada ‘’nueva ley’’ propone eliminar ciertas condiciones que protegen los bosques amazónicos como no solicitar requisitos básicos de zonificación forestal a las personas que poseen título o constancia de posesión deseen cambiar el uso de suelo. Situación que daría paso a la deforestación porque permitiría que cualquiera acceda a un título de posesión en los bosques. Cabe señalar que según el procurador público del MINAM, Julio Guzmán, una de las grandes causas de este problema es la minería ilegal, invasión de bosques y mal uso de las tierras.
Detrás del archivamiento del acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un instrumento que permitiría la protección de los defensores ambientales. Sin embargo, el Perú no ha ratificado el acuerdo. Durante los últimos años tampoco fue un tema de agenda por parte del Congreso ni del Poder Ejecutivo. A pesar de esto, la situación de los defensores ambientales en el Perú es bastante crítica. Solo durante la pandemia, 10 defensores ambientales fueron asesinados.
Desprotección de los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial)
En los últimos meses un grupo de congresistas del partido Fuerza Popular, liderado por Jorge Morante Figari, quien representa a la región Loreto, presentó el Proyecto de Ley 3518 que podría dejar sin protección a pueblos indígenas. Dejando la responsabilidad de protección a los gobiernos regionales incluso se dispone eliminar algunas reservas indígenas, que lucharon muchos años por su reconocimiento.
Ante la situación, colectivos, instituciones y movimientos ambientales alertaron a la ciudadanía de los riesgos que esto implica y el reconocimiento de las garantías que debe brindar el Estado para con estos pueblos.
Nos preocupa que las competencias de establecimiento de Reservas Indígenas se les atribuya a los Gobiernos Regionales y más aún cuando en nuestro país los PIACI son sumamente vulnerables
En el océano pacifico
El mar peruano no solo afronta la pérdida de varios recursos del ecosistema marino tras el último derrame de 11 900 barriles de petróleo, por una negligencia de la empresa Repsol que aún no cumple con las sanciones respectivas.
Los derrames de petróleo han generado un gran impacto en el ecosistema marino. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se encontraron varias especies de aves guaneras muertas, otras enfermas que fueron alcanzadas por el crudo de petróleo. Muchas especies migraron a otras zonas, a pesar de que esas áreas no sean aptas para su especie. Además, en el fondo marino los daños son mayores ya que el petróleo ha cubierto la superficie del océano impidiendo el paso de la luz, la cual es necesaria para la fotosíntesis.
Muchas especies de corales, algas, plantas, esponjas están muertas por falta de oxigenación. A esto se suma los daños económicos a los pesqueros del lugar ya que los 18mil m cubiertos de petróleo, impide la realización de las actividades pesqueras, más por la ausencia de las especies.
En diciembre del 2022 se promulgó la ley 31622, que modifica los artículos 308-B ; D y 309 del Código Penal para fortalecer la persecución penal de los delitos que dañan los recursos naturales. Ante ello un grupo de congresista del partido Perú Libre y Fuerza Popular iniciaron esfuerzos para eliminar la ley señalando que esta pretende criminalizar las actividades de los pescadores artesanales. Situación que ha sido rechazada por los especialistas ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA).
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Frente a la situación y el incremento de los delitos ambientales en el Perú, las instituciones y movimientos pro ambientales siguen alertas para evitar las iniciativas legislativas que ponen en riesgo los avances de protección ambiental. Así mismo, impulsar la ratificación de los acuerdos que garanticen los derechos de nuestros líderes que protegen nuestra biodiversidad.