Durante PERUMIN, el evento clave del sector minero en Perú, se enfatizó la transición energética como prioridad nacional, con el compromiso de que, para 2030 el 70% de la energía será generada a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en 2022, las energías renovables solo representan el 6% de la matriz energética, dominada por el gas natural y el petróleo.
Las promesas de la transición energética
En el discurso oficial, la transición energética en Perú ha sido presentada como una prioridad estratégica. Las autoridades proyectan que, para 2030, el 70% de la energía del país provendrá de fuentes renovables. No obstante, las cifras actuales revelan una realidad muy diferente. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a 2022, las energías renovables solo representan el 6% de la matriz energética del país, siendo el gas natural y el petróleo los principales actores, con el 40% y 32% respectivamente.
Esta contradicción refleja no solo la falta de infraestructura, sino también las limitaciones en la implementación de políticas energéticas en el territorio. Aunque Perú posee un potencial de 50,000 megavatios en energías renovables, principalmente solar y eólica, hasta el momento solo se han explotado 1,500 megavatios, según el Informe Anual de Energías Renovables (2023). A pesar de las inversiones en infraestructura eléctrica, estas siguen beneficiando principalmente las áreas urbanas, mientras que las zonas rurales, incluidas aquellas cercanas a los proyectos mineros, enfrentan una grave falta de acceso a la electricidad.
Minería y el potencial perdido en la transición
La minería juega un papel crucial en el desarrollo económico de Perú, contribuyendo con el 60% de las exportaciones y el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. El cobre, por ejemplo, es un componente clave en la generación y transmisión de energía renovable debido a su alta conductividad eléctrica. Es ampliamente utilizado en paneles solares, aerogeneradores, y en sistemas de almacenamiento de energía.
Asimismo, el litio, otro mineral con el que Perú tiene un gran potencial, es esencial para las baterías recargables de alta capacidad que alimentan tanto dispositivos electrónicos como autos eléctricos. El auge del litio en mercados internacionales se refleja en la explosión de su demanda: se estima que su mercado crecerá un 500% para 2030, impulsado por los esfuerzos globales para descarbonizar la economía, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial.
A pesar de estas enormes oportunidades, la infraestructura energética en las regiones mineras peruanas sigue rezagada. Según el MINEM, el 92% de la energía que usan las operaciones mineras proviene de fuentes no renovables. Mineras de gran escala, como Southern Copper y Antamina, siguen dependiendo mayormente de energía proveniente de combustibles fósiles. En particular, Las Bambas y Cerro Verde operan utilizando sistemas de energía no renovable en más del 80% de sus procesos, según datos de CooperAcción.
Además, mientras Perú produce anualmente más de 2.4 millones de toneladas métricas de cobre, el uso de este mineral en proyectos de energía renovable dentro del país sigue siendo mínimo, representando apenas el 10% de lo extraído. La limitada inversión en proyectos de energía limpia a nivel local pone de manifiesto la desconexión entre la minería y el desarrollo energético sostenible en Perú.
El país tiene un potencial de generación renovable de 50,000 megavatios solo en energía solar y eólica, pero hasta el momento solo se han instalado 1,500 megavatios. Esto no solo retrasa el avance de la transición energética a nivel nacional, sino que también reduce las oportunidades para que la minería misma adopte fuentes más limpias de energía y mejore su sostenibilidad.
Promesas no cumplidas
Uno de los mayores retos en el desarrollo de las energías renovables ha sido la electrificación de zonas rurales, una promesa que se ha centrado en la masificación del gas natural, pero que no se ha cumplido en las últimas dos décadas. Regiones del sur como Moquegua y Tacna son las más afectadas, con un 26,7% y 37,6% de hogares rurales, respectivamente, sin acceso a electricidad. Esto refleja la desigualdad en el acceso a la energía y pone en duda la viabilidad de una transición energética justa, ya que las zonas más marginadas continúan sin acceso a fuentes limpias y renovables.
Las comunidades aledañas a las zonas mineras de Perú son uno de los grupos más vulnerables a la falta de acceso a la electricidad, lo que agrava las desigualdades sociales y económicas. Aunque el 97.4% de los hogares peruanos tienen acceso a electricidad, según el INEI, las cifras en áreas rurales y mineras son mucho más bajas. En las regiones de Apurímac y Ayacucho, donde se encuentran importantes proyectos mineros como Las Bambas y Tintaya, solo el 60% de los hogares tiene acceso a electricidad de manera constante. Esto significa que muchas comunidades dependen de costosos generadores diésel o, en casos extremos, viven sin acceso a ninguna fuente de energía confiable.
Un informe de la Defensoría del Pueblo (2022) muestra que, en las áreas cercanas a las operaciones mineras, apenas el 30% de las viviendas cuenta con suministro eléctrico permanente. Esta situación es especialmente paradójica, considerando que estas comunidades están ubicadas junto a algunas de las minas más rentables del mundo. Las Bambas, por ejemplo, generó más de 1.2 mil millones de dólares en ingresos en 2021, mientras que las comunidades cercanas siguen sin beneficiarse de una infraestructura energética básica.
Esta desconexión entre la riqueza generada por la minería y el bienestar de las comunidades locales es un reflejo de las políticas de inversión social de las empresas mineras. Según CooperAcción, en 2022, solo el 3% del presupuesto de responsabilidad social de las mineras fue destinado a proyectos de electrificación rural. La mayor parte de estos fondos se asignó a la construcción de infraestructura vial, dejando de lado las necesidades energéticas de las comunidades.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) revela otro aspecto alarmante de esta desigualdad: regiones como Apurímac, donde se concentran las operaciones mineras, ocupan los puestos más bajos a nivel nacional. Apurímac, que alberga una de las minas de cobre más grandes del mundo, se sitúa en el puesto 21 de 26 en términos de desarrollo humano, según el informe de Naciones Unidas (2022). Esta realidad subraya cómo el crecimiento económico impulsado por la minería no se ha traducido en mejoras significativas en la calidad de vida de las comunidades cercanas.
Sin acceso adecuado a electricidad, estas comunidades se ven limitadas en su capacidad para aprovechar las oportunidades de la transición energética. La falta de infraestructura energética también limita la posibilidad de instalar tecnologías limpias, como paneles solares o sistemas de riego sostenible, lo que podría mejorar la productividad agrícola y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Así, mientras la minería sigue extrayendo los recursos necesarios para la transición energética global, las comunidades locales permanecen atrapadas en un ciclo de pobreza energética y exclusión.
Falta de políticas públicas
Aunque Perú ha avanzado en la formulación de documentos como las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) que proponen la transición energética, no existe una política pública integral que impulse las energías renovables no convencionales. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) no ha actualizado su plan energético desde 2014 y sigue priorizando proyectos de hidrocarburos, lo que frena el desarrollo de una matriz energética más limpia. La falta de una regulación que incentive directamente la inversión en energías renovables, como la eólica y solar, es un obstáculo mayor. A pesar de iniciativas como el Decreto Legislativo N° 1002 en 2008, la implementación ha sido lenta y con pocos avances, ya que las energías renovables apenas representan el 4% de la matriz energética actual.
El papel de la inversión privada y pública
La inversión en infraestructura energética es crucial para reducir la brecha en el acceso a la energía en el Perú. En 2022, el gobierno peruano anunció un plan de inversión de S/. 500 millones para mejorar la cobertura eléctrica en áreas rurales y comunidades aisladas. Sin embargo, este esfuerzo es insuficiente frente a las necesidades reales del país. Según estimaciones, Perú necesitaría inversiones cercanas a los S/. 5 mil millones para modernizar su infraestructura eléctrica en los próximos años y avanzar en sus compromisos de transición energética. Esta disparidad subraya la dificultad de cumplir con los objetivos de electrificación rural, agravando la desigualdad en regiones donde la minería es la principal actividad económica.
A nivel privado, las empresas mineras han destinado una mínima parte de sus fondos a mejorar el acceso energético de las comunidades cercanas a sus operaciones. Según un informe de CooperAcción, en 2022, menos del 5% de las inversiones sociales de las principales compañías mineras se dirigió a proyectos de electrificación rural. La mayor parte de los recursos se enfocó en infraestructura vial, educativa o sanitaria, dejando en segundo plano el acceso a la electricidad, una necesidad crítica para el desarrollo sostenible de estas áreas.
Además, pese a que la industria minera ha obtenido grandes beneficios, impulsados por el auge de los precios de los minerales como el cobre, que alcanzó un valor de más de $9,000 por tonelada en 2023, las comunidades cercanas a los proyectos extractivos siguen enfrentando una falta crónica de servicios básicos, incluido el acceso a la energía.
El reto del Hidrógeno Verde
La apuesta del Perú por el hidrógeno verde (H2V) se enmarca en un contexto de urgencia por descarbonizar la economía, especialmente en un país que ha hecho compromisos internacionales significativos, como la ratificación del Acuerdo de París en 2016. Sin embargo, la transición hacia fuentes de energía renovables sigue enfrentando grandes obstáculos. En la actualidad, más del 95% de la matriz energética nacional proviene de fuentes hidráulicas y térmicas, dejando a las energías eólicas y solares con una participación que apenas alcanza el 5%.
El hidrógeno verde, producido a partir de fuentes renovables a través de un proceso de electrólisis, se presenta como una solución prometedora para diversificar y descarbonizar la mezcla energética del país. Las provincias del sur de Perú, especialmente Ica, Moquegua y Tacna, son vistas como las áreas más adecuadas para su desarrollo, gracias a su abundante radiación solar. La Asociación Peruana de Hidrógeno (H2 Perú) ha destacado que la producción de H2V en estas regiones podría ser competitiva, con costos estimados entre 1,6 y 2,6 dólares por kilogramo.
Sin embargo, la falta de una política nacional clara y de un marco regulatorio adecuado ha sido señalada como una de las principales barreras para la implementación de proyectos de hidrógeno verde. A pesar de la creación de un grupo multisectorial por el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar una hoja de ruta, el proceso ha avanzado lentamente y se han recibido críticas sobre la falta de participación de la sociedad civil en la planificación.
Además, existe preocupación entre grupos ambientalistas y de la sociedad civil sobre el potencial "greenwashing" que podría surgir si la iniciativa se deja únicamente en manos de empresas privadas. Se advierte que es esencial incluir las voces de las comunidades locales y garantizar que los beneficios de esta nueva industria no se concentren solo en el norte, mientras que el sur enfrenta los impactos ambientales y sociales. Las deudas históricas en el sur, donde la pobreza energética es un problema significativo, subrayan la necesidad de que la transición energética también sea justa e inclusiva, evitando que la industria del hidrógeno verde reproduzca viejas dinámicas de explotación.