Susy Gaby Díaz Gonzales, originaria del pueblo Shipibo-konibo, quien migró de su comunidad indígena en busca de mejores oportunidades en sus estudios y logrando así obtener su título de abogada en 2015. Comenzó a desempeñarse en organizaciones que luchan por los derechos indígenas, siendo una de ellas la Red Nacional de Abogados especializados en la defensa de Derechos Humanos.
Diaz Gonzales, fue testigo de la discriminación hacia la comunidad indígena desde sus primeros años de carrera universitaria y esto incentivo en ella la necesidad de generar un cambio para los pueblos indígenas, decidió asumir la difícil tarea de defender a los líderes ambientales en su lucha por la protección de sus territorios y sus derechos. En enero del 2023, fue designada como fiscal de Derechos Humanos e Interculturalidad de Ucayali.
La comunidad Shipibo-Konibo se ubica en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Siendo una de las comunidades más afectadas por la tala ilegal de sus bosques, sus líderes indígenas amenazados de muerte y otros asesinados. Una de ellas es Olivia Arévalo, una lideresa del pueblo Shipibo, asesinada de cinco disparos en 2018. Shipibo-konibo es un territorio que se ha dividido en bosque y plantaciones de empresas que arrasaron con su territorio ancestral.
"Buscamos que esas normas que vulneran derechos de las comunidades cambien y que el Estado conozca la situación que atraviesan los pueblos indígenas"
Un pequeño pueblo, afectado por una supuesta mafia organizada, pero que está dispuesto a defender sus tierras donadas por sus antiguos ancestros de invasores que han devastado la zona y explotado sus recursos. Susy Gaby Díaz Gonzales ha trabajado arduamente para asegurar justicia y la protección de los derechos de esta comunidad.
El 22 de abril de 2021 se publicó el decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que establece como prioridad del Estado, la protección de los defensores de derechos humanos. Siendo la abogada Susy Díaz Gonzales, parte fundamental de la Asociación Intercultural Bari Wesna, ella es responsable de la defensa de los derechos de los defensores ambientales, pese a los riesgos que esto implica.
A través de ese Decreto Supremo se busca garantizar la creación de nuevas medidas de protección para los líderes ambientales, la conservación de las tierras, apoyo a las víctimas, desarrollo de competencias ciudadanas en materia de derechos humanos por parte de las autoridades correspondientes, entre otros.
El pasado 27 de septiembre del 2019, se suscribió el acuerdo de Escazú que pretende garantizar los derechos fundamentales como el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Díaz Gonzales busca la correcta implementación del acuerdo de Escazú en la lucha por los derechos de la comunidad Shipibo.
Pese a las amenazas que afrontó Díaz González, ella exige la protección de los derechos ambientales de las comunidades indígenas. Su travesía y dedicación nos hace reflexionar sobre el daño del hombre al medio ambiente, comunidades y territorios indígenas. Además, el compromiso que todos tenemos como sociedad con la protección de nuestro territorio.